Por lo que toca a la guerra contra el crimen organizado, ésta ha sido todo un fiasco y la desvergüenza es tal que a pesar de la exhibición de narcofuncionarios no se hace nada para intentar recuperar un poco de credibilidad. Los cárteles de la droga no han sido desarticulados, lucen más poderosos que al inicio de esta administración y demuestran su gran capacidad para permear y corromper a los más altos mandos policíacos no sólo en los tres niveles de gobierno, sino también a escala internacional. Sus tentáculos están ya en centro y Sudamérica, su presencia se ha asentado en los Estados Unidos y su influencia ya alcanza Europa.
El gobierno de Calderón intenta mediáticamente convencer que “no ha negociado ni negociará con organización criminal alguna“ y que “no tolerará la corrupción en las instituciones que deben atacarla”. El resultado es una total incredulidad a sus palabras reitiradas en el marco de la “celebración” de los dos años de su gestión.
La violencia en el país sigue aumentando y el torrente de sangre continúa bañando el territorio nacional, a pesar de pactos políticos, promesas gubernamentales y mentirosas estrategias mediáticas. El Acuerdo Nacional para la Seguridad a más de cien días de firmado se ha constatado que no sirve para nada: los homicidios siguieron y la cuenta supera las 2 mil 100 ejecuciones tan sólo en ese periodo, con un promedio de más de 21 homicidios por día, -y los escándalos de colaboracionismo con los cárteles de la droga- a pesar de lo cual tanto Genaro García Luna como Eduardo Medina Mora permanecen intocables al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, respectivamente.
En las entidades de la República tampoco los gobernadores están haciendo su parte y se escudan en las competencias de la Federación en el combate al crimen organizado. Mientras tanto, las entidades federativas se sumen en la violencia, lo mismo en Chihuahua, Baja California, Sinaloa, el Estado de México y Durango, que en Sonora, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, el Distrito Federal y Guanajuato. La información sobre las ejecuciones en todo el territorio nacional sigue fluyendo al mismo ritmo del derramamiento de sangre.
Como ejemplo baste señalar que en las últimas horas 23 personas fueron ejecutadas en Tijuana, Baja California, con armas de grueso calibre. Entre las víctimas, nueve de ellas fueron encontradas decapitadas, además de que se contaron dos menores de 3 y 13 años; que en Sinaloa, en el poblado Cacalotan, municipio de la Concordia, fueron encontrados muertos a balazos, tres integrantes de una familia, quienes habían sido reportados como “levantados” la tarde del sábado; o que en la Costa Grande de Guerrero, en el municipio de Petatlán, un hombre fue ejecutado de 42 balazos de fusil AR 15 y AK47, cuerno de chivo, y la cuenta sigue y sigue.
Todo eso a pesar de los constantes aumentos al presupuesto para seguridad pública, como el que se espera para el próximo año pues los recursos para el rubro de soberanía, orden, seguridad y justicia planteados en el Presupuesto 2009 pasan de 82,400 millones de pesos en el presente año, a 107 mil 800 millones de pesos, es decir, el 4.64 por ciento del gasto programable de la federación. ¿Ha servido de algo tanto dinero?.
http://www.poresto.net/republica/9244-culpa-amlo-a-calderon-y-la-banda-de-los-30
El gobierno de Calderón intenta mediáticamente convencer que “no ha negociado ni negociará con organización criminal alguna“ y que “no tolerará la corrupción en las instituciones que deben atacarla”. El resultado es una total incredulidad a sus palabras reitiradas en el marco de la “celebración” de los dos años de su gestión.
La violencia en el país sigue aumentando y el torrente de sangre continúa bañando el territorio nacional, a pesar de pactos políticos, promesas gubernamentales y mentirosas estrategias mediáticas. El Acuerdo Nacional para la Seguridad a más de cien días de firmado se ha constatado que no sirve para nada: los homicidios siguieron y la cuenta supera las 2 mil 100 ejecuciones tan sólo en ese periodo, con un promedio de más de 21 homicidios por día, -y los escándalos de colaboracionismo con los cárteles de la droga- a pesar de lo cual tanto Genaro García Luna como Eduardo Medina Mora permanecen intocables al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, respectivamente.
En las entidades de la República tampoco los gobernadores están haciendo su parte y se escudan en las competencias de la Federación en el combate al crimen organizado. Mientras tanto, las entidades federativas se sumen en la violencia, lo mismo en Chihuahua, Baja California, Sinaloa, el Estado de México y Durango, que en Sonora, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, el Distrito Federal y Guanajuato. La información sobre las ejecuciones en todo el territorio nacional sigue fluyendo al mismo ritmo del derramamiento de sangre.
Como ejemplo baste señalar que en las últimas horas 23 personas fueron ejecutadas en Tijuana, Baja California, con armas de grueso calibre. Entre las víctimas, nueve de ellas fueron encontradas decapitadas, además de que se contaron dos menores de 3 y 13 años; que en Sinaloa, en el poblado Cacalotan, municipio de la Concordia, fueron encontrados muertos a balazos, tres integrantes de una familia, quienes habían sido reportados como “levantados” la tarde del sábado; o que en la Costa Grande de Guerrero, en el municipio de Petatlán, un hombre fue ejecutado de 42 balazos de fusil AR 15 y AK47, cuerno de chivo, y la cuenta sigue y sigue.
Todo eso a pesar de los constantes aumentos al presupuesto para seguridad pública, como el que se espera para el próximo año pues los recursos para el rubro de soberanía, orden, seguridad y justicia planteados en el Presupuesto 2009 pasan de 82,400 millones de pesos en el presente año, a 107 mil 800 millones de pesos, es decir, el 4.64 por ciento del gasto programable de la federación. ¿Ha servido de algo tanto dinero?.
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